ELBA ESTHER Y HUGO CHAVEZ MUERTOS DE DÍAS.

Dicen que el muerto y el arrimado a los tres días apestan, pues tanto uno como otro a pesar del cariño que se les pudiera tener ya no sólo no cumplen función material alguna y sólo corresponde ser desechados.

Tal aconteció con las últimas dos desapariciones de figuras de poder, por un lado lo que se considera la caída de Elba Esther del liderazgo del Sindicato magisterial y por otro el fallecimiento "reciente" del Comandante Hugo Chávez Frías.

En el primer caso, la maestra dejó de ser útil al sistema político mexicano, y por el contrario su captura y enjuiciamiento sería recibido por la opinión publica con aplauss y celebraciones. y así fue.

Estamos de nuevo frente a un uso del derecho como instrumento del poder y no como instrumento de la justicia. El proceso a la otrora cabeza del SNTE no responde a la necesidad de cumplir con un compromiso con la ley, sino porque su castigo sería una clara señal política de fortalecimiento y consolidación del poder del Ejecutivo Federal, el regreso de las prácticas de presidencialismo priísta que mucho mexicanos ya añoraban, después de los desastrosos gobiernos de Acción Nacional.

Por otro lado la muerte de Hugo Chávez se da a conocer cuando la burocracia en el poder venezolano parece tener un poco más claro cómo se conducirá la transición. Mientras fue útil Chávez "permaneció" vivo, a la manera de la leyenda del Cid que ganaba las batallas sobre Babieca aun después de fallecido. Hoy ya es posible el cambio, y espero que acontezca con paz y sin la intervención de otras Naciones, interesadas en conducir la política a aplicar a los ricos yacimiento del petróleo venezolano. A este respecto y con motivo del cumpleaños de García Márquez no estaría mal regresar a la lectura del "Otoño del Patriarca", para entender muchas cosas.

Ahora es Elba y Hugo. De ambos, su muerte política y física respectivamente estaba anunciada. Las señales no sugerían ya otra cosa, y sólo era necesario el paso del tiempo para mirarlo. Otros acontecimientos ya están por verse en el futuro, por ejemplo el IVA en medicinas y alimentos.

P.D. Espero que estas líneas no contengan palabras que estén dentro del nuevo catálogo de palabras prohibidas que ha establecido la SCJN.

DURA LEX SED LEX

Poco ha que tuve la oportunidad de leer una crónica de Juan Villoro sobre las reminiscencias del juego de pelota prehispánico en nuestro país. Los principales investigadores al respecto descubrieron la relación profunda entre el sistema religioso de los pueblos originarios y la práctica de ese deporte que por lo mismo se hacía rito. Resalta el autor, las diversas formas en que ese deporte ha continuado presente, principalmente en la forma de pelota mixteca, a pesar de que durante la colonia fue prohibido por su relación con las deidades indígenas, a pesar de que sus reglas no se encuentran por escrito.

Otra modalidad del juego de pelota prehispánico se encuentra en el practicado por los rarámuris, en donde una pequeña esfera es pateada durante una larga y extenuante carrera a través de los agrestes paisajes del norte de nuestro país. Las reglas que quizá son variadas tiene una principal, la pelotita no debe ser tocada nunca con la mano, y a pesar de que muchas de las veces la travesía se hace en solitario tienen la seguridad de que dicha regla no se rompe. La razón es fácil, sus reglas no están escritas y un líder rarámuri explica el hecho de la siguiente manera: “Tenemos confianza en los miembros de la comunidad y nadie ha roto la regla, pero el día que la pongamos por escrito se habrá acabado la confianza…” Así tenemos que la fuerza de la costumbre esta cimentada en la confianza de los miembros de la comunidad.

De ser esto así, y si su sabiduría de años no se equivoca entonces el positivismo jurídico es la cúspide de la desconfianza en la naturaleza humana. El Estado de Derecho, que consiste en colocar a las leyes por encima de los hombres, se podría entender como un regreso desesperado en búsqueda dela guía de la ley proveniente de lo alto, ajena al ser humano y más cercana a la deidad legisladora.

Esto impone una responsabilidad enorme sobre los legisladores, aun mayor que la de hacedores de la buena ley en que pensó José María Morelos y Pavón, pues por más que parecen esforzarse, nunca alcanzan a abarcar en los supuestos normativos las posibilidades que la realidad presenta, dejando espacio amplio para la interpretación.

Lo anterior traslada también una carga tremenda sobre los juzgadores, intérpretes por antonomasia de la ley, que no tiene (o no debieran tener) más alternativa que la aplicación completa de la norma. Pero aun así la aplicación de la norma no garantiza un mejor alcance de sus objetivos, ¡incluso la aplicación rigurosa de la letra de la norma puede conducir a la impunidad! Por ejemplo, el tan llevado caso de Florence Cassez, “la francesa”, que parece no dejó satisfechos ni a quienes tuvieron que resolverlo, pues la sensación final fue que los involucrados, exceptuando a las víctimas de la privación ilegal de la libertad, quebrantaron de una u otra forma la norma jurídica.

Si la francesa era o no secuestrado no se sabrá, con lo que se quebrantó al derecho que exige el esclarecimiento de los delitos. Si el procedimiento fue mal hecho, quienes lo viciaron parece que no recibirán investigación alguna y mucho menos sanción, a pesar de haber quebrantado la norma. Si a causa de un procedimiento viciado, la francesa no debía haber permanecido en la cárcel, entonces ¿cuál es la responsabilidad de quienes la mantuvieron privada de su libertad?

¿Qué alternativas tenían los Ministros? Varias, pero todas complicadas: Permitir la libertad de la francesa y la impunidad de quienes cometieron errores en el procedimiento ( la que se aplicó); No permitir su libertad ni procurar alguna sanción para los ineficaces servidores públicos (es decir mantener las cosas como estaban); Permitir su libertad y luego buscar el castigo de quienes cometieron los errores en el procedimiento (con lo que quedarían satisfecha en cierta medida la necesidad de venganza social); Y no dejarle en liberta, pero sí procurar una sanción a quienes enturbiaron el procedimiento violando los derechos humanos de la francesa (con lo que los integrantes de la Suprema Corte se llevaría las ovaciones de la mayoría de la opinión pública, aunque una parte, incluidos los diplomáticos franceses, señalaría sus mecanismos draconianos de interpretación y aplicación de la norma).

Nuevamente los Ministros tuvieron en sus manos una oportunidad de oro, en donde supieron parafrasear al Benemérito, aplicando la Ley a secas y reservando la justicia para mejor ocasión, al resolver el problema laboral de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro negando la posibilidad de declarar a Comisión Federal de electricidad como patrón sustituto. Con lo que se exhibió al juez que conoció en un primer momento, pues se contrarió la resolución que ya había dictado, demostrando a lo menos, que los únicos jueces que saben son los Ministros, o cuando menos eso nos pareció, lo que no tiene que ser cierto, pero así insisten en hacerlo parecer.

Con ambas resoluciones, el sistema jurídico mexicano pareció golpeado delante de los ojos de la opinión pública, en el primer caso; y de quienes simpatizan con el Sindicato Mexicano de Electricistas en el segundo. La prevalencia de los Derechos Humanos parece una tarea pendiente en la educación judicial, a fin de preponderar si la decisión a favor de los derechos humanos de una probable responsable no violenta los derechos humanos de presuntas víctimas.

SERGIO GARCÍA RAMÍREZ Y BENEDICTO XVI. CRÓNICA DE UNA RENUNCIA ANUNCIADA Y OTRA NO TANTO.

Por inusitada, resultó sorpresiva la renuncia de Benedicto XVI a su cargo. Sin un antecedente cercano en el tiempo, la renuncia de un líder máximo de la jerarquía católica genera expectación, por la necesidad de que ahora el colegio de Cardenales a un nuevo líder del Estado Vaticano. Su dimisión fue causada por su avanzada edad, falta de fuerza y el desgaste en su salud, sin embargo los mexicanos, entregados al eufemismo y a la apariencia esperamos descubrir otras razones, al menos justificadas en las pugnas que se viven al interior de la jerarquía religiosa, en lucha constante por los espacios que significan influencia, poder y desde luego alguna riqueza, pero que por cierto logran resolver con una civilidad envidiable para otras organizaciones e instituciones humanas. Es tal su disciplina y calidad organizativa que se asegura que en marzo, antes de las celebraciones de semana santa ya estará al frente un nuevo Papa.

Aunque de espalda a la feligresía Los Cardenales, con diferencias por su origen nacional, idiomático, de orden eclesiástica e incluso por postura política llegarán a un acuerdo, rodeados del misterio del rito y el secreto, hasta llegar al “humo blanco” símbolo del éxito de su reunión y decidirán quién de entre ellos ocupará la vacante.

¡Vaya lección a considerar por parte de nuestros legisladores! Sobre todo ahora que tienen que ocuparse en la designación del Consejero que sustituya el espacio que deja el eminente político y jurista Sergio García Ramírez dentro del Instituto Federal Electoral (IFE); lo que probablemente les cueste mucho más trabajo que si fueran Cardenales y tuvieran que elegir nuevo Pontífice.

En Roma ya tienen fecha, el Conclave será entre el quince y veinte de marzo, a pesar de lo sorpresivo. Cuando menos muy sorpresivo para quienes no están involucrados en los corrillos del Vaticano. Mientras tanto para completar el Consejo General del IFE no hay fecha aún, y esto pesar de que, ahora se sabe, Don Sergio García Ramírez aseguró desde el primer momento que sólo ocuparía el cargo de forma temporal y a fin de tener el cuerpo electoral completo, mientras se desarrolló el proceso electivo para renovar a los encargados del poder Ejecutivo y Legislativo de la Federación y durante el cual, el Partido Revolucionario Institucional regresó a la Presidencia.

Desde luego que no esperamos que nuestros legisladores sean tan rápidos como los clérigos, la razón es que ellos trabajan en una democracia, o cuando menos en una pretendida democracia y no en una organización vertical que permite decisiones expeditas. La democracia exige reflexión, diálogo y debate, y eso lleva su tiempo y justifica cierta tardanza, siempre y cuando ese tiempo gastado y que no vuelve ni se detiene (a pesar del milagroso reloj legislativo que ha realizado proezas) redunde en tener al final la mejor decisión y la máxima calidad posible en la producción legislativa. Pues no es posible que tuviera que esperar el país más de un año, a que resultara algún avance en la elaboración de la nueva Ley de Amparo, cuando por mandato del artículo constitucional transitorio correspondiente el Congreso de la Unión debería haber elaborado esa ley dentro del término de 120 días desde la publicación de la reforma constitucional que exige su reglamentación.

Si la Democracia y las prácticas democráticas son la razón o el pretexto para no tener el trabajo a tiempo, quizá sea una razón cierta y un pretexto válido, siempre y cuando el resultado sea el idóneo, de lo contrario le ocurrirá a la democracia, o a la pretendida democracia, lo que le sucede a la justicia que cuando tarda en llegar pierde su naturaleza, se vuelve burla y por lo tanto injusticia.