Legalidad y legitimidad

El problema entre la legalidad y la legitimidad ya ha sido tratada desde hace mucho tiempo. "El Príncipe" de Nicolás Maquiavelo se ocupa de esto casi en su totalidad, no sólo en lo que respeta a su origen sino también a su ejercicio. Puede el poder tener un roigen legítimo, pero esa legitimidad se pierde en el ejercicio o al revés, un origen ilegítimo pero con un ejercicio que lo legitima. La legitimidad es una cualidad que aplica el gobernado como su decisión expresada de forma expresa o tácita respecto de su deseo de ser gobernado en una forma y por ciertas personas en particular.
En la antigüedad tenemos al rey Dario que para legitimar su conquistas sobre los pueblos a los que dominaba, les permitía seguir practicando con absoluta libertad sus religiones, mientras que no se negaran a entregar sus aportaciones tributarias. Desde luego que nada de esto legitima una conquista, como sucedió en mesoamérica con los mexicas, que supieron ser temidos por todos los pueblos, pero nunca consiguieron obtener su reconocimiento como autoridad y gobierno.
La legitimidad debería de ser exigible en nuestro país, así o más como es exigida la legalidad de los actos de autoridad, pues culturalmente sería más útil que aceptaramos a la autoridad a que temieramos la ley. La legitimidad es entonces el respeto que se guearda a la institución que hemos decidido conformar en el Estado.
El plebiscito, el referendum, la revocación de mandato y los informes populares son medidas urgentes que hacen falta implementarse en el país, pues decisiones buenas o malas pero legitimadas cuentan con la fuerza de la soberanía que reside en el pueblo, pues de ahí surge la riqueza y poder del estado.